Programa antiinmigrante puede afectar economia

    DALLAS - La decisión del gobierno federal de establecer un sistema electrónico que obligue a los patrones a verificar el estatus legal de los empleados con el fin de detectar indocumentados, podría ser devastador para la economía del país.
    El presidente de la Asociación de Negocios de Texas, Bill Hammond, aseguró que tan sólo en Texas, los empleadores se verían forzados a despedir a unos 750 mil trabajadores para no incurrir en violaciones.
    El dirigente del mayor grupo empresarial de la entidad indicó que la decisión del Departamento de Seguridad Interna (DHS) de continuar adelante con su intención de establecer el programa conocido como "E-Verify", constituye un "desafortunado error".
    Bajo este programa, los patrones serían obligados a confirmar vía electrónica los números de Seguro Social de sus trabajadores, con los oficiales enlistados por la Administración del Seguro Social.
    El programa contempla que en caso de que el patrón encuentre una discrepancia en el número o nombre del trabajador y no pueda verificar su estatus legal, este contará con un plazo de 90 días para despedir a ese empleado.
    De no hacerlo, el padrón podría enfrentar cargos y multas por emplear a indocumentados.
    Grupos empresariales y grupos pro inmigrantes han advertido que el programa E-Verify, se sustenta en bases de datos plagadas de errores que nunca fueron designadas como una herramienta de inmigración y que puede conducir a despedir a trabajadores legales.
    Aun así, el secretario de Seguridad Interna, Michael Chertoff, reiteró la semana pasada la intención de la administración del presidente George W. Bush, de continuar con este programa hasta convertirlo en ley.
    Chertoff señaló que el DHS apelará la decisión de un juez federal en California que desde octubre pasado mantiene bloqueado el establecimiento del programa al argumentar que este impondría problemas y adversidades a las empresas y a sus trabajadores.
    Los empleadores incurrirían en nuevos costos para cumplir con una regulación que el gobierno no ha evaluado y trabajadores inocentes imposibilitados de componer los errores en sus archivos perderían sus empleos, indicó en su dictamen el juez federal Charles Breyer.