¿Quién paga por cuidados médicos de indocumentados?

    BOISE, Idaho - Era un simple caso de un condado de Idaho que se negaba a costear los gastos de una emergencia médica cuando un indocumentado sufrió un ataque de apoplejía.
    Pero el veredicto está causando todo tipo de repercusiones: los funcionarios de condado revisan sus presupuestos, los contadores de los hospitales se preguntan quién pagará las cuentas y los legisladores analizan reformas a las leyes de residencia.
    El Saint Alphonsus Regional Medical Center demandó a las autoridades del condado de Ada porque se negaron a cubrir los castos médicos de Javier Ortega, un indocumentado que llevaba cierto tiempo trabajando en Boise cuando sufrió un derrame. La cuenta médica por su atención ascendió a 187 mil dólares y el hospital quiere cobrársela al condado y al estado. Aduce que el gasto es su responsabilidad, apelando a las leyes que garantizan servicios médicos a los residentes indigentes.
    Las leyes de Idaho estipulan que los hospitales pueden pedir al estado y al condado que paguen los gastos médicos de todo residente si éste no tiene los medios para hacerlo. El condado debe aportar 10 mil dólares y el estado el resto, siguiendo una escala fijada en el seguro médico nacional Medicaid.
    El condado de Ada se negó a pagar por considerar que Ortega no es residente. Pero el hospital sostuvo que las leyes de Idaho no toman en cuenta el status migratorio de una persona. Se considera residente a toda persona que a permanecido en el estado más de 30 días, siempre y cuando su estadía no sea a título temporal.
    Y la Corte Suprema de Idaho le dio la razón al centro médico.
    El caso tal vez sea sencillo desde un punto de vista legal. Pero en el plano político es una papa caliente, que involucra dos temas delicados: la inmigración y el cuidado de la salud.
    "Este tipo de fallos definen problemas que tenemos a nivel estatal y nacional", expresó el senador John McGee. "Tenemos gente que está aquí ilegalmente y los contribuyentes deben pagar sus cuentas. Mientras el Congreso no reforme nuestras leyes de inmigración, seguiremos viendo muchos casos como éste".
    El tema no es nuevo. En el 2005, un proyecto de ley apoyado por la Asociación de Condados de Idaho planteaba que se enviase a los indocumentados a sus países de origen apenas se "estabilizaba" su salud. Los hospitales que no reportasen a las autoridades a estos indocumentados se exponían a no poder cobrar pos sus gastos.
    El proyecto fue rechazado luego de que algunos legisladores lo consideraron inhumano.
    "¿La gente que se encuentra en este país (ilegalmente) y tiene problemas médicos merece acceso a la misma atención que cualquier otra persona?", preguntó la senadora Kate Kelly, miembro del comité de salud y bienestar social y de la Comisión de Asuntos Hispanos de Idaho. "¿O decidimos que no vamos a darles acceso (a atención médica) si no pagan en efectivo? Es una forma de razonar muy inquietante".
    En el 2007, McGee auspició un proyecto que negaba a los indocumentados la mayor parte de la asistencia pública federal, estatal y local. La propuesta incluía una excepción para emergencias como lesiones, nacimientos o atención durante un embarazo. La iniciativa fue aprobada.
    McGee dice ahora que analiza la posibilidad de promover una legislación que especifique que los indocumentados no pueden ser considerados residentes.
    "Si el asunto es ajustar el lenguaje para decir si alguien está en el país legalmente o no, no tendría problema en auspiciar una legislación que haga eso", señaló.
    El condado todavía no decidió si apela el fallo o no.
    El funcionario del condado Rich Wright dijo que el año pasado los condados de Idaho pagaron 18 millones de dólares para cubrir gastos de salud de indigentes y que el estado puso otros 21 millones. O sea, fueron invertidos 39 millones de dólares en esos cuidados.
    No hay cifras acerca de qué porcentaje de ese dinero cubrió gastos de indocumentados. Pero funcionarios de condado dicen que el dinero que destinan al pago de gastos médicos de emergencia de personas indocumentadas es ínfimo comparado con lo que gastan en asistencia médica a indigentes. Muchos condados no se fijan si el paciente es un inmigrante legal o no.
    De un modo u otro, el contribuyente siempre terminará pagando los gastos incluso si no existiese el programa para indigentes, señaló Susan Gibson, del St. Alphonsus Regional Medical Center.
    "Alguien tiene que pagar por estos cuidados. Se lo puede hacer a través de entidades de gobierno como el condado, o lo podemos considerar una caridad. Pero todos van a aportar, especialmente la comunidad empresarial", dijo Gibson.
    La cantidad de pacientes que no pueden pagar por su atención médica sube constantemente, según Steve Millard, presidente de la Asociación de Hospitales de Idaho.
    "Está cada día peor. Los deducibles de los hospitales suben tanto que los pacientes no pueden pagarlos", manifestó Millard.